¡DESTRUYENDO LA DESCENTRALIZACIÓN, DESTRUYEN SOLUCIONES!

Sin duda que el proceso de descentralización en Venezuela se corresponde con una larga lucha sociohistórica entre grupos de poder desde el siglo XIX: entre los defensores del centralismo y los federalistas de la provincia venezolana. El “Gomecismo” se encargó luego, a mediados del siglo XX, de imponer –a sangre y fuego- el centralismo, bajo la égida del caudillo militarista. Pero posteriormente, a finales del siglo XX, a partir de 1984, con el poder en manos de los defensores del “Democracia Representativa”, conciben a la descentralización como una estrategia política de desarrollo y modernización del Estado; de redistribución del poder, mejorar la eficiencia administrativa y sus mecanismos de control administrativo y social para, por ejemplo, derrotar los viejos vicios del centralismo y caudillismo; clientelismo partidista, la corrupción y el burocratismo.

Es así como en 1989, a través de las propuestas de Comisión Presidencial Para la Reforma del Estado (COPRE), se materializa todo ese proceso con la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia del Poder Público y, con la Ley sobre la Elección y Remoción de Gobernadores. Pero, como dice una vieja canción cubana: “llegó el Comandante y mando a parar”: se volvió, a partir de la llegada al poder de Chávez, al rancio centralismo y al caudillismo militarista, con el cuento manipulado ideopolíticamente de que, la descentralización, era una de las hijas de la “teoría burguesa” y de afianzamiento del “modelo capitalista y neoliberal” en el país. De esta manera, el “modelo totalitario cubano” era impuesto en el país, hasta con la sangre vertida en la calle por los gloriosos estudiantes que demandan soluciones concretas, junto con toda la gama de ciudadanos disidentes y opositores al actual régimen antidemocrático. La lucha de hoy, se concentra bajo la lupa de estas dos visiones de país: centralismo totalitario vs descentralización democrática del poder.

Al no existir poderes públicos de contrapeso a la desmesura del poder central “militarista” hoy por hoy, hasta para adquirir las fármacos e insumos de emergencia solicitado por cualquier centro médico-asistencial de la República e impedir la muerte de nacionales, se debe solicitar el visto bueno del Poder Ejecutivo. Amén para reparar vías, escuelas, ambulancias o los medios de transporte de los trabajadores públicos. En fin, la autorización para cualquier gasto de funcionamiento menor, de cualquier ente público, debe ser tramitada ante el poder omnímodo de los burócratas enchufados del poder central de Caracas. Los Gobernadores y los Alcaldes fueron convertidos en simples pagadores de la nómina de personal, en auténticos “jarrones chinos”; sin poder alguno en la toma de decisiones para resolver las demandas populares del día a día.

Ese hervidero de problemas sociales que escuchamos desde la provincia venezolana y de sus abultadas localidades, se obtendrían respuestas rápidas y eficientes sí la descentralización política-administrativa fuese un hecho, de claro perfil conceptual de la redistribución del poder en forma democrática. Así, hasta la figura de los Consejos Comunales como entes de participación ciudadana (ya formados y capacitados), en ese eslabón democratizador, sí se articularan férreamente a las Gobernaciones y Alcaldías –con sentido de corresponsabilidad compartida- se concretarían soluciones de problemas regionales a cada rato, pero en la concepción totalitaria del poder, depende en su accionar paquidérmico de la majestad del supra-caudillo de turno. ¡Democracia o dictadura, ese es el dilema trascendente! ¡Decidamos!