SUCRENSES SE REBELAN CONTRA LA VIOLENCIA E INSEGURIDAD

Apoyado en vivencias, fuentes de información diversas y reflexiones he escrito varios artículos de opinión sobre el fenómeno de la violencia e inseguridad en Venezuela. Y sin duda, lo seguiré haciendo porque el drama social que éstas generan deja secuelas indescriptibles de luto y dolor, especialmente para los grupos familiares y comunidades que son afectadas terriblemente por este cáncer social.

El Estado Sucre es la muestra palpable de la gravedad de esta patología social que, ha llegado al límite de desbordamiento, cuando los ciudadanos han tenido que recurrir a recursos extremos de la protesta social (paros cívicos, marchas, trancas de vías, tomas de instituciones oficiales, quemas de cauchos …) para hacerse escuchar, porque los personeros del Gobierno sólo se han limitado a colocar ineficaces "pañitos calientes", mientras el problema se mantiene allí incólume o, peor aún, expandiéndose y cobrando sin contemplaciones vidas humanas. O dejando en el desconcierto, terror o miedo a miles y miles de personas que han tenido que cambiar sus hábitos cotidianos propios de la vida moderna, para encerrarse en sus viviendas, trancando puertas y ventanas desde tempranas horas de la tarde, para intentar evadir de ser la próxima victima del crimen o del mosaico de delitos de toda laya (asesinatos, robos, violaciones, atracos, secuestros, extorsiones…).

Pero lo más grave de lo dicho, es que ya con mucha frecuencia, en el estado Sucre, son funcionarios policiales y de seguridad del gobierno, los señalados en ser cómplices o de participar directamente en acciones delictivas, en las cuales han resultadas muertas personas a balazos o a través de la aplicación de procedimientos crueles y antihumanos; ciudadanos de “carne y hueso” miembros de comunidades ubicadas en la jurisdicción de esta entidad regional.

Lo más reciente (hace pocas horas) y con niveles de escándalo público: un alto funcionario del CICPC de Carúpano asesinó a tiros, a cuatro (4) personas, pescadores de la comunidad de “Playa Grande”, contigua a Carúpano, por motivos subalternos o porque –según la versión vecinal- se encontraba en total estado de ebriedad. Semanas atrás dos jóvenes de la Comunidad de El Tacal, cerca de Cumaná, también fueron encontrados asesinados, cuando fueron detenidos con antelación, por funcionarios de la policía del Estado. La lista de casos es larga y recorre silvestre la información entre familiares y amigos, víctimas de estos atroces crímenes. Crímenes que quedan impunes ante los ojos de instituciones que dizque administran justicia en el país. Y quizás por ello –justificada o no- esa reacción violenta de los vecinos de “Playa Grande”, que optaron por tomar la justicia por sus propias manos quemando un vehículo del CICPC, incendiando cauchos y trancando enardecidos la vía nacional Carúpano-Cumaná y otras vías aledañas.

El Gobierno de Maduro se ha mostrado ciego, sordo y mudo ante esta dramática situación de descomposición social e institucional del país. Sigue echándoles la culpa a otros. Los estallidos sociales están ocurriendo regionalmente y son el preludio de un tsunami nacional de grandes proporciones. ¡El que tenga ojos que vea…y el que tenga oídos que escuche!