TORTURA Y MUERTE EN VENEZUELA

Las muertes en el Cicpc, destaparon la olla de lo que todo el mundo sabía pero que nadie se atrevía a denunciar, salvo por supuesto a contadas excepciones de individualidades y una que otra ONG, cuyas voces se apagaban ante el manto de complicidad del gobierno y la misma sociedad en su conjunto. La existencia de prácticas supuestamente “sancionatorias”, con acciones “extrajudiciales” de la pena de muerte y la tortura contra ciudadanos, donde están involucrados organismos policiales, aún cuando estos procedimientos violan descaradamente el derecho a la vida y demás derechos asociados a la protección integral de los nacionales, establecidos en las leyes de la República y en disposiciones jurídicas de aceptación internacional.

Lo cierto es que este escándalo ocurre, cuando el mismísimo gobierno tenía montado su sainete de investigar determinadas muertes de ciudadanos ocurridas en la denominada IV República, donde estarían involucrados actores políticos y personajes diversos, que ejercían cargos de gobierno en esa época. Por supuesto, no se trata de proteger a quienes resulten señalados de delitos y de que sean sancionados los supuestos responsables. Pero, sin duda, ahí se olfatea un matiz absolutamente político para dañar electoralmente a los adversarios del gobierno, a propósito de las venideras elecciones presidenciales del 2012. La razón es simple: ¿Con 12 años de dominio absoluto de todos los poderes del Estado, tuvieron que esperar este momento político para iniciar tales investigaciones?

Pero el componente más grave del presente análisis lo constituye, sin duda, el clima de violencia e inseguridad que agobia al país. Aparece éste reflejado en el primer lugar en todas las encuestas como el principal problema de la nación, según la opinión de los ciudadanos. Son contados los nacionales que no hayan sido objeto de un robo, atraco, secuestro o un familiar muerto o lesionado por los profesionales del delito. Así mismo, la población siente que ante este flagelo social el gobierno nacional no ha sido eficiente y, peor aún que ha permitido que reine la impunidad para identificar y sancionar a los responsables.

Los operadores políticos del régimen están claros, que lo dicho anteriormente, tendrá repercusiones importantes en la decisión electoral de los ciudadanos para el próximo año y, en consecuencia, la desesperación de algunos miembros ejecutores de acciones judiciales, los ha conducido a tomar atajos absolutamente inaceptables y desapegados a la ley, como las practicas de las torturas y hasta el asesinado de personas incursas o sospechosas de conductas delictivas.

O también en los centros penitenciarios de Venezuela, donde aflora la pestilencia de crímenes y delitos de toda laya, el fracaso gubernamental raya en lo insólito, pero deja en el accionar de los cancerberos la huella de las torturas y los asesinatos para extraer confesiones, “cobrar viejas cuentas” o “sancionar delitos”. Es decir, en aras de lograr éxitos para condenar a los culpables por delitos cometidos, determinados cuerpos policiales incurren en conductas ilícitas, absolutamente castigables por las leyes de la República.

De este modo, instrumentos legales para tratar de minimizar el problema van y vienen en el seno de la Asamblea Nacional: La Ley Desarme y la Ley para el Castigo de Crímenes y Torturas. Mientras la Fiscal General de la República, anunciaba que el caso de los delitos por torturas y muerte en el CICPC, se imputarán a los funcionarios por “trato cruel, quebrantamiento de tratados internacionales y omisión del socorro”.