LEY DEL TRABAJO: EJERCICIO AUTOCRÁTICO Y ELECTORALISTA

Este es un régimen autocrático que, en 13 años en el ejercicio del poder, ha demostrado hasta la saciedad su despreocupación por los intereses de los trabajadores, cuyas ejemplos aparecen como el agua de lluvia en pleno invierno: por el desconocimiento permanente de las cláusulas socio-económicas contempladas en las añejadas convenciones colectivas o negativa a firmarlas desde hace años; despidos, persecución, cárcel y represión en contra de la dirigencia sindical y trabajadores de base; violación frecuente de lo contemplado en la LOT actual y los convenios con la OIT en materia laboral; pagos incompletos de los salarios y no cancelación de deudas y prestaciones sociales por tiempo indeterminado; sectarismo, exclusión y clientelismo partidista “rojito” en los predios laborales; y pare usted de contar.

Ahora de repente, en plena campaña electoral para los Comicios Presidenciales del mes de octubre de este año, el caudillo de Miraflores, a sabiendas que no todas cartas las tiene consigo para ganar la contienda; en un ejercicio irresponsable, demagógico y electorero sin precedentes, se presta a promulgar una Nueva Ley Orgánica del Trabajo el 1 de Mayo; sin discutirla con la dirigencia y masa laboral en general y, sin medir las consecuencias del impacto negativo que generará en la sociedad ese adefesio jurídico, elaborado por una élite de burócratas incondicionales al “proceso”.

Nueva Ley del trabajo, donde el patrono-Estado pretende “pagarse y darse el vuelto”, en el contexto de esas relaciones genuinas del capitalismo de Estado venezolano, que sobre-explota a la clase trabajador; se apropia “salvajemente” de la plusvalía y desconoce derechos laborales. En un entorno social de un país que vive en medio de la más espantosa miseria y pobreza estructural; con una inflación incontrolable que se “chupa los salarios”; pérdida del empleo productivo por la quiebra o expropiación de empresas y comercios; devaluación de la moneda y con serias limitaciones de esta masa laboral en la capacidad de compras y accesibilidad a servicios básicos; entre otros.

La engañifa que encierra dicha Ley, se materializaría simbólicamente en un bono, que supuestamente recibirían los trabajadores como contraparte al pago de sus prestaciones sociales; bono éste que, sin duda, sería inefablemente perjudicial a los intereses del proletariado, porque se calcula que de entrada en el proceso de negociación a terceros, los asalariados estarían perdiendo entre un 25% a 30% del monto total recibido por este dizque beneficio.

Para los trabajadores y su dirigencia, este “caramelito con veneno” que encierra este mamotreto jurídico, los emplaza a movilizarse e impedir su aprobación o lograr la postergación. Para que éstos puedan contar con el tiempo necesario, en ese largo camino de las consultas, discusiones, debates y análisis; que recojan sus opiniones democráticamente. Porque de lo contrario, estarían permitiendo que el caudillo-patrono de Miraflores se salga con la suya, en desmedro evidente de los genuinos intereses de esta inmensa masa laboral venezolana.